Desde que se promulgó el Reglamento de la Ley 29973, Ley general de la Persona con Discapacidad” en Perú, muchas entidades e instituciones públicas incluidas universidades y organismos supervisores, o la mayoría de ellos, no han desplegado suficientes esfuerzos por ajustarse a lo establecido en dicha Ley. Como si su cumplimiento, como si proceder con realizar los ajustes que ordena la normativa nacional fuera un especie de generosidad institucional o de “responsabilidad social institucional”. La mayoría de las entidades del sector público han relegado mucho de los procedimientos para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad y de procesos inclusivos, a áreas como Imagen, Recursos Humanos o incluso al área de Sistemas cuando solo se han propuesto introducir ajustes en el sitio Web de la entidad. Esta lógica de cumplimiento electivo, discresional, genera un conjunto de afectaciones o directamente perjuicios al público PCD, especialmente personas con discapacidad sensorial. Al dejar de lado medidas que a menudo pueden ser decisivas para según qué necesidades de la ciudadanía que presenta la discapacidad, muchos ciudadanos PCD dejan de acceder a servicios, dejan de participar en actividades que podrían beneficiarles de alguna manera, como concursos o convocatorias, perdiendo oportunidades que podrían tener un impacto positivo o incluso trascendental en sus vidas.
CERTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
Si las mediciones del impacto que tienen las barreras institucionales por acción o por omisión fuesen más visibles y estuvieran recogiéndose de manera sistematizada por parte de la institucionalidad o sector a cargo del tema de la inclusión y la discapacidad en nuestro país, podríamos acaso tener una mejor noción del impacto que implica no introducir los ajustes de carácter inclusivos y de accesibilidad en los entornos públicos tanto a nivel físico como digital. En este sentido la invisibilidad de la problemática de la población con discapacidad en nuestro país responde tanto a la propia naturaleza de la propia experiencia del tipo de discapacidad, como es el caso de la discapacidad sensorial, pero sobre todo se debe a la inacción y la displicencia que muestran los funcionarios y técnicos de la administración público a la hora de implementar servicios dirigidos al público, a la ciudadanía, pero con especial relevancia, a la hora de implementar nuevas plataformas como son las digitales y con intervención de la tecnología todas las cuáles están perfectamente signadas por estándares que son conocidos en nuestro medio desde casi décadas.
La Cultura de la Accesibilidad en las Instituciones Peruanas Esa displicencia institucional se suma a las barreras que ya de por sí experimentan las personas con discapacidad en entornos poco inclusivos y accesibles como los que se cuentan en nuestro país. Por un sentido de profesionalismo y de cuidado con los estándares en la gestión de los diversos niveles de la administración pública los funcionarios a cargo tendrían que no descuidar estos indicadores de inclusión, que en cualquier caso forman parte de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, instituidos por las Naciones Unidas y los distintos instrumentos supranacionales a los que el estado peruano ha suscrito en los últimos años.
