En términos generales, podríamos afirmar que la cultura organizacional imperante en nuestro medio tiende a invisibilizar o directamente a ignorar a sus usuarios o clientes con alguna discapacidad sensorial. Pese a una creciente cultura de sensibilización sobre el tema de la discapacidad, merced a una incipiente normatividad sobre discapacidad y sobre políticas de inclusión para población de personas con discapacidad, esto todavía no se refleja en las prácticas corporativas e institucionales del país.
Las políticas comunicacionales corporativas, sea en soportes físicos como en los digitales, aún no adoptan los criterios o estándares de accesibilidad para público con alguna discapacidad sensorial. En este sentido, los usuarios con discapacidades visuales o auditivas, suelen quedar fuera del ámbito de comunicaciones que implementan las instituciones o entidades públicas, vulnerando algunos de sus derechos previstos en la Ley 29973.
Normativa Peruana
El año 2005 fue publicada la ‘LEY DE PROMOCIÓN DE ACCESO A INTERNET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO EN CABINAS PÚBLICAS DE INTERNET’, Ley 28530, en la que se preveían las condiciones mínimas de accesibilidad para entornos Web. En 2012 se promulgó el reglamento de la Ley 29973, en la que se especifican los criterios y el marco de cumplimiento de accesibilidad para el ciudadano con discapacidad visual.
En 2018 fue publicado el Plan Nacional de Accesibilidad, que prescribe a nivel técnico lo que puede alcanzarse en materia de adecuaciones para la eliminación de barreras a todo nivel, incluyendo los entornos digitales. Es en este marco oficial en el que debería ponerse en condiciones accesibles los sitios Web de cada entidad del estado así como la folletería dirigida al público, en formatos y soportes que contemplen la igualdad de oportunidades y el principio de acceso universal.
Situación Post Covid
Tras la pandemia por Covid-19 tendría que haberse consolidado experiencias, protocolos y estándares para asegurar que los ciudadanos con diversidad funcional y particularmente con discapacidade sensorial pueden participar y acceder sin barreras a los distintos ámbitos del estado y la institucionalidad del país en condiciones de equidad y accesibilidad. Por ahora las políticas de desarrollo digital, gobierno digital y otros, como los de eliminación de barreras, como la dirección de Accesibilidad en el Ministerio de vivienda, actúan por sendas separadas, sin una articulación definida pero esto debería cambiar con miras a una auténtica política pública de inclusión y accesibilidad desde el estado peruano.
Experiencias como las desarrolladas por CIDESI en materia de estándares aplicables para nuestro medio son un aporte importante para completar la tarea de eliminación de barreras en el acceso a la información en nuestro país. Pero se requiere extender y completar estos procesos en el esfuerzo de asegurar un entorno institucional y corporativo más incluyentes y accesibles para la población de personas con discapacidades sensoriales.
