MALAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO PERUANO

Perú Digital

Es frecuente, en nuestro medio, hallar continuamente casos de malas prácticas de accesibilidad a todo nivel en la actuación del sector público, tanto en los ámbitos físicos como en los digitales. Por supuesto, lo relevante de estas prácticas son el impacto real que tendrán en la vida, en el día a día, de los ciudadanos con características de discapacidad.

seguidamente consignamos algunos casos de los que consideramos cruciales de estas malas prácticas en nuestro medio:

1. Reducir la Noción de Accesibilidad

Un dato contundente del desfase que experimenta el tratamiento de la accesibilidad en el medio peruano es la reducción de las políticas y acciones a las medidas de accesibilidad enfocadas al perfil de discapacidad física, pasando por alto las necesidades de los ciudadanos con discapacidades sensoriales. Un indicador significativo pero igualmente grave de esta mala práctica es que, por ejemplo, el equipo de Fiscalización del propio Conadis no dispone de expertos en accesibilidad digital entre sus fiscalizadores.

2. Desconocimiento de las Normativas de Accesibilidad

Ignorar o no estar al tanto de las normativas y estándares de accesibilidad, como las WCAG como las propias Directrices de Accesibilidad CIDESI, suele llevar a la implementación de políticas que no cumplen con los perfiles y requisitos mínimos de inclusión que señala la normativa peruana.

3. Desestimar la Especialización en Accesibilidad

Al hilo de lo anterior, un serio caso de malas prácticas en el sector público peruano es que al momento de incorporar profesionales en sus equipos, no exigen, no se solicita especialistas con conocimientos y experiencia en accesibilidad. Para el caso de la accesibilidad digital, dejan en vacío este requisito, vacío que luego intentarán parchar, mediante apaños técnicos de mala calidad, googleando o recogiendo sin método casos o experiencias ajenas para insertarlas en sus implementaciones cara al público. Todo lo cual, redunda en las barreras que luego experimentarán los usuarios con perfil de discapacidad sensorial.

4. Consultas públicas como Sustitutas de Procedimientos técnicos **

Una práctica muy difundida entre los decisores de políticas públicas en materia de accesibilidad consiste en limitarse a recoger las recomendaciones de usuarios, que en efecto están señaladas en las normativas de la Ley 29973, pero que mal aplicadas terminan afectando su alcance e impacto más que beneficiando. Vale decir, las consultas a la sociedad civil es una medida que puede permitir validar el impacto de los cambios o mejoras, pero en ningún caso son ni podrían funcionar como prescripciones técnicas para ser introducidas como pautas o directrices. Esto es, las consultas públicas a la sociedad civil en materia de accesibilidad, física o digital, no pueden sustituir la aplicación de los estándares y normativas nacionales así como internacionales.

5. No Promover la Innovación

Desestimar la importancia de adoptar procedimientos o soluciones técnicas innovadoras que faciliten la accesibilidad puede limitar las oportunidades de inclusión, tanto en elámbito físico como en el digital. Un ejemplo de esto puede encontrarse en las políticas públicas implementadas por la Biblioteca Nacional del Perú, cuya actuación en materia de accesibilidad e inclusión se ha reducido a disponer de una "sala para ciegos" en su sede pública del centro de la ciudad, dejando en vacío el resto de sus sedes, donde también se ofrece atención a público.

6. No Priorizar la Inclusión Digital en la Agenda Pública

No considerar la inclusión digital como una prioridad en la agenda pública comporta inevitablemente un perjuicio para las opciones de inclusión real a vastos sectores de la población de personas con discapacidad. Por término general, prácticas como estas siempre conducirán a que se ignoren las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo y la implementación de políticas concretas de accesibilidad e inclusión digital.

Conclusiones

Estas malas prácticas pueden obstaculizar significativamente los esfuerzos para lograr una inclusión efectiva para las personas con discapacidad. Será, por tanto, fundamental que los funcionarios y decisores de políticas públicas adopten un enfoque más proactivo y colaborativo para abordar estas cuestiones y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso en condiciones de igualdad a los espacios o recintos públicos y a la información.